(CNC) — El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la “Serie Causas Criminales de la sección Justicia ordinaria del fondo Cabildo de Lima (1611-1821)”, que se custodia en el Archivo General de la Nación.
El documento presenta una serie de valores históricos, científicos y sociales relacionados a la identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido. Además, representa el desarrollo de la impartir justicia en causas criminales por el Cabildo de Lima, en el periodo de los siglos XVII al XIX, como juzgado de primera instancia.
El valor histórico de estas escrituras permite dar a conocer diversos aspectos del período del Virreinato del Perú, mostrando como valor de fuente histórica la forma en que la institución edil limeña, llevaba los juicios criminales por delitos entre los vecinos y miembros de la sociedad de esa ciudad, tanto dentro de su institución, como en relación con otras instituciones como el Superior Gobierno y la Real Audiencia de Lima.
Asimismo, el valor científico de estos expedientes presenta un notable potencial como fuente primaria para la investigación histórica, en especial como complemento de las fuentes más conocidas sobre el Cabildo de Lima, que se conservan en los libros de actas capitulares que se hallan en el archivo municipal. Este tipo de fuentes judiciales se ha ido revalorando por la historiografía de la Edad Moderna en España y Latinoamérica.
Del mismo modo, el valor económico-social de esta serie radica en que sus expedientes muestran el desarrollo de una ciudad, cada vez con mayor población y castas, en la que el Cabildo de Lima acoge diversas denuncias de ciudadanos, europeos, vecinos, indios y esclavos.
Estos delitos que son recibidos en el Cabildo de Lima son las que rompen las leyes establecidas, generando zozobra y quebrando la paz social y del reino como robos, homicidios, lesiones, injurias, delitos sexuales, fugas de esclavos o de reos, estafas, adulterios, etc.
De esta manera, nos muestran la dinámica social de la ciudad de Lima a lo largo de los siglos, la cultura legal de sus habitantes, y la autoridad y experiencia del alcalde y sus funcionarios, para resolver los conflictos de gravedad moderada a alta, como se consideraba a los crímenes y la delincuencia, que rompían el orden social establecido y tenían que ser prontamente sancionados de forma pública y ejemplar.
