(CNC) — La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 248, correspondiente al mes de octubre de 2024, en el que se da cuenta —entre otros aspectos— de 209 conflictos sociales registrados (163 activos y 46 latentes). Del total de casos activos, hay 89 conflictos en fase de diálogo (54.6 %), 39 en desescalamiento, 20 en fase temprana, 15 en escalamiento y ninguno en crisis.
El reporte, que contiene información de las tres unidades funcionales de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad: Prevención y Alertas, Mediación y Gestión de Conflictos, y Gestión de Cumplimiento de Acuerdos, en coordinación con las oficinas desconcentradas a nivel nacional, señala que con relación al mes anterior se registraron siete casos nuevos en Áncash, Cajamarca, Cusco, Lima Metropolitana, Puno y Ucayali.
Según la tipología, cuatro de estos nuevos conflictos son por asuntos de gobierno local, uno es por asuntos de gobierno regional, uno por demarcación territorial y uno es por otros asuntos. Respecto a la fase en la que se encuentran, dos están en diálogo, dos en fase temprana, y tres se encuentran en escalamiento.
Este mes también se resolvieron tres conflictos en Amazonas, Apurímac y Junín. Un caso es de tipo socioambiental, uno es por asuntos de gobierno regional y uno es de tipo comunal. Por otro lado, debido a la inactividad prolongada de acontecimientos y a la no participación de actores sociales en el contexto del conflicto, un caso fue retirado del reporte, el mismo que era de tipo socioambiental.
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (32 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (23), Puno (18) y Piura (13), que equivale al 41.1 % del total de conflictos sociales a nivel nacional.
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 108 casos (51.7 %). Los conflictos por asuntos de gobierno nacional es el segundo tipo más frecuente, con el 12 % (25); le siguen los conflictos de tipo comunal, con 12 %, y los conflictos por asuntos de gobierno regional, con 8.6 %.
Los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 31.1 % del total de conflictos sociales reportados.
Del total de casos activos, el 54.6 % (89 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. De ellos, el 69.7 % (62 casos) corresponde a casos socioambientales. De los 55 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en estado activo, el 74.5 % está en fase de diálogo.
Asimismo, se registraron 181 acciones colectivas de protesta en el mes de octubre. Del total, el 48.1 % fueron plantones o concentraciones, y el 17.1 % se trató de marchas. Los lugares que registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (31), Piura (15), Junín (13), Cajamarca (12), entre otros.
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 9 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 7 son casos nuevos, 2 son casos activos y 11 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
Durante el mes la Defensoría del Pueblo realizó 231 actuaciones defensoriales, de las cuales 175 corresponden a acciones de supervisión preventiva, 55 a intermediación y 1 a acciones de defensa legal.